La suspensión del Decreto 690/2026 permitió destrabar un conflicto que dejó más de 180 buques detenidos y afectó las exportaciones, las importaciones y el abastecimiento de combustibles.
Durante los primeros días de agosto, la actividad portuaria argentina sufrió una fuerte interrupción como consecuencia del conflicto entre el Gobierno nacional y los prácticos marítimos. La situación comenzó tras la publicación del Decreto 690/2026, una medida impulsada para desregular el servicio de practicaje y pilotaje, considerada por el Ejecutivo como una herramienta para reducir costos logísticos y aumentar la competencia.
En respuesta, los prácticos decidieron dejar de prestar servicios, una medida que impidió el ingreso y la salida de embarcaciones en los principales puertos del país y generó un impacto inmediato sobre el comercio exterior.
¿Qué son los prácticos y cuál es su función?
Los prácticos marítimos son profesionales especializados que asisten a los capitanes durante las maniobras de ingreso, salida y navegación de los buques en ríos, canales y puertos. Su conocimiento de las condiciones de navegación resulta fundamental para operar embarcaciones de gran porte en zonas de alta complejidad.
Debido a que la mayoría de los buques requieren este servicio para realizar sus maniobras, la interrupción de la actividad provocó la paralización de gran parte del sistema portuario nacional.
El origen del conflicto
El Decreto 690/2026 buscaba modernizar la regulación vigente desde 1991 mediante una serie de cambios orientados a flexibilizar el funcionamiento del servicio de practicaje.
Entre las principales modificaciones se encontraban la apertura del registro de profesionales habilitados, la libre contratación de prácticos por parte de los usuarios, la eliminación de algunas restricciones operativas y la fijación de tarifas máximas por parte del Estado.
Desde el Gobierno sostuvieron que estas medidas permitirían incrementar la competencia y reducir los costos logísticos que enfrenta el comercio exterior argentino.
Sin embargo, los representantes del sector rechazaron la reforma al considerar que algunos cambios podían comprometer la seguridad de la navegación y cuestionaron la falta de consenso previo a su implementación.
Un impacto inmediato sobre la logística
La suspensión del servicio de practicaje generó importantes demoras en la operatoria portuaria. Más de 180 buques quedaron detenidos a la espera de ingresar o salir de los puertos argentinos, afectando tanto las exportaciones como las importaciones.
El complejo agroexportador fue uno de los sectores más perjudicados, ya que alrededor del 80% de las exportaciones de granos del país se realizan a través de los puertos del Gran Rosario. La interrupción de las operaciones provocó retrasos en los embarques, mayores costos logísticos y riesgos de incumplimiento de contratos internacionales.
El conflicto también alcanzó al sector energético, donde la paralización de distintos puertos generó preocupación por posibles inconvenientes en la distribución de combustibles y petróleo hacia diferentes regiones del país.
Además, algunas operaciones comenzaron a ser desviadas hacia puertos de Uruguay y del sur de Brasil, incrementando los costos para las empresas y reduciendo la competitividad del sistema portuario argentino.
El acuerdo que permitió normalizar las operaciones
Frente al impacto económico que generó la medida de fuerza, el Gobierno abrió una instancia de diálogo con los representantes del sector.
Como resultado de las negociaciones, el Poder Ejecutivo resolvió suspender temporalmente la aplicación del Decreto 690/2026, acordó una reducción del 20% en las tarifas del servicio de practicaje y conformó una mesa de trabajo para revisar los aspectos más cuestionados de la reforma.
Tras el acuerdo, los prácticos retomaron sus tareas y las operaciones comenzaron a normalizarse en los principales puertos del país.
El conflicto puso de manifiesto el papel estratégico que desempeñan los puertos dentro de la cadena del comercio internacional. Cuando una actividad esencial como el practicaje se interrumpe, el impacto se extiende rápidamente a exportadores, importadores, operadores logísticos y consumidores.